Si el incendio fue agravado por la acumulación de basura no recogida o el mal funcionamiento de los servicios de limpieza, los afectados podrían reclamar una indemnización.
Ayer día 25 de marzo de 2025, diversos periódicos autonómicos y nacionales se hacen eco de un gran incendio que se produjo a raíz de la quema de varios contenedores. Este suceso tiene varias implicaciones jurídicas que han de tenerse en cuenta para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Si los servicios de limpieza encargados del ayuntamiento, no pasaron a la hora habitual, dejaron enseres sin recoger varios días, o el ayuntamiento situó demasiado cerca los contenedores de las viviendas. Podríamos encontrarnos ante un caso de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, donde el Ayuntamiento deba de hacerse cargo del pago de todos los daños.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es el deber que tienen las entidades públicas de indemnizar a los ciudadanos por los daños que sufran en sus bienes o derechos, siempre que dichos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Para que esta responsabilidad sea exigible, deben concurrir ciertos requisitos:
Existencia de un daño efectivo: El perjuicio debe ser real, evaluable económicamente e individualizado.
Relación de causalidad: Es imprescindible que exista un vínculo directo entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido. Es decir, que el daño sea consecuencia directa de la actuación u omisión de la Administración.
Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos: El daño debe derivarse de una actuación de la Administración, ya sea por acción o por omisión, en el desarrollo de sus funciones.
Ausencia de fuerza mayor: No debe existir una causa de fuerza mayor que justifique el daño, ya que en tales casos la Administración no sería responsable.
Aplicando estos criterios al caso del incendio ocurrido ayer en Mislata, si se demuestra que el Ayuntamiento no realizó adecuadamente la recogida de enseres y basuras en la vía pública, permitiendo que se acumularan residuos alrededor de los contenedores, y que esta acumulación contribuyó a la virulencia del incendio que dañó la fachada del edificio, podría considerarse que hubo un mal funcionamiento del servicio público de limpieza. En tal situación, se establecería una relación de causalidad entre la omisión del deber de mantener la limpieza y el daño ocasionado.
Existen precedentes judiciales que respaldan esta interpretación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de Alicante a indemnizar a una propietaria cuyo vehículo resultó dañado por el incendio de un contenedor de basura. La sentencia destacó que la acumulación de basuras y enseres junto al contenedor facilitó la propagación del fuego, estableciendo así la responsabilidad municipal.
Sin embargo, en otros casos, la responsabilidad de la Administración ha sido descartada por falta de pruebas que demuestren la relación directa entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido. Por ejemplo, en una reclamación ante el Ayuntamiento de Madrid, no se acreditó que los daños causados por el incendio de un contenedor fueran imputables al funcionamiento de los servicios municipales, lo que llevó a desestimar la reclamación.
Por ello, es importante realizar fotografías del incendio, recabar información de la situación de los contenedores antes de incendiarse a través de testigos, y realizar un informe pericial que cuantifique los daños. De esta forma, se podrá probar la Responsabilidad de la Administración ante los tribunales.
En resumen, para que el Ayuntamiento sea considerado responsable patrimonialmente en casos como el del incendio en Mislata, es necesario demostrar que hubo un mal funcionamiento de los servicios públicos, como la falta de recogida de basuras y enseres, que este mal funcionamiento causó directamente el daño, y que no existieron causas de fuerza mayor que lo justifiquen. Si se cumplen estos requisitos, la Administración podría ser condenada a indemnizar por los daños ocasionados.