En el complejo entramado del derecho tributario, uno de los principios fundamentales que rige las relaciones entre la Administración y los contribuyentes es el derecho al error. Este principio adquiere especial relevancia en el contexto de las sanciones tributarias y ha sido objeto de análisis por parte de los tribunales superiores.

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Superior de Galicia 709/2023, de 28 de noviembre de 2023, ha arrojado luz sobre este aspecto crucial del derecho tributario. En esta sentencia, se resalta la presunción de buena fe que ampara a los contribuyentes, derivada de la presunción de inocencia que guía las actuaciones del Estado en materia punitiva.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 22 de diciembre de 2016 (ECLI:ES:TS:2016: 5554- Recurso 348/2016), y en consonancia con su jurisprudencia previa, establece que la carga de la prueba recae en la Administración Tributaria para demostrar la culpabilidad del infractor en la comisión de las infracciones tributarias. Esto implica que el mero hecho de una presunta infracción no es suficiente para imponer una sanción, sino que es necesario un análisis detallado que refleje los elementos que justifican la imposición de la misma.

En este sentido, se hace hincapié en la exigencia de motivación que impone la Ley General Tributaria a la Administración al emitir un acuerdo sancionador. No basta con hacer referencia al precepto legal supuestamente infringido, sino que es necesario detallar la conducta del contribuyente y su grado de culpabilidad. La falta de una motivación específica en torno a estos aspectos vulneraría las garantías de todo procedimiento sancionador, según lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 164/2005.

Esta jurisprudencia abre un espacio de reflexión sobre el derecho al error en el ámbito tributario. Reconoce la importancia de la buena fe de los contribuyentes y la necesidad de una actuación administrativa fundamentada y justificada en casos de presuntas infracciones. Asimismo, resalta la relevancia de una motivación adecuada en los actos sancionadores, asegurando así el respeto a los derechos de los contribuyentes en el marco de la legalidad tributaria.

En conclusión, la posible nueva jurisprudencia en el derecho al error en el ámbito tributario refuerza la protección de los contribuyentes frente a actuaciones administrativas arbitrarias, promoviendo la transparencia y la justicia en el ejercicio del poder tributario del Estado.

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