En numerosas ocasiones el abogado trata de explicar a sus clientes los retrasos y demoras de los juzgados en la resolución de un asunto. La mayoría de las veces, dichos retrasos se producen dependiendo de qué funcionario es el tramitador. Y sobre todo de la fiscalización que jueces y secretarios realizan de su trabajo, habitualmente nulo. Ni jueces ni secretarios tienen control alguno de su trabajo. Fijadas estas premisas, surge la pregunta;

¿Cómo actuar cuando un asunto se enquista en un juzgado y no va cara adelante por diferentes motivos?

La respuesta es no es sencilla, la falta de fiscalización, sumado a la cada vez mayor litigiosidad, está poniendo en graves apuros a la justicia. Para más inri, los medios de los juzgados no siempre son los necesarios para responder a todos los conflictos que surgen. Por ejemplo, en un partido judicial tan grande como puede ser el de la localidad de Llíria. Que abarca inmensidad de territorio llegando hasta el rincón de Ademuz, no es viable la existencia de juzgados mixtos de primera instancia e instrucción.

Por lo tanto, la mejor solución a todos estos problemas es el pacto, el acuerdo, que ambas partes sacrifiquen alguno de sus intereses para el beneficio mutuo. Pudiendo así evitar costosos y largos procesos judiciales que no siempre imparten la justicia que esperamos. Es aquí donde contar con un buen profesional que asesore y realice esta negociación puede marcar la diferencia.

Otra solución sería la utilización del «pataleo», agotando todo tipo de recursos que ampara la ley, solicitando impulso judicial, o incluso presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Cuya respuesta ante casi el 100 % de las mismas, acaba en una respuesta escrita por la que se exime de toda responsabilidad al juzgado. Donde alegan la gran carga de trabajo que tienen, y añaden un «no obstante se procederá por el juzgado a impulsar el procedimiento».